Qué lejos —y qué olvidado ahora, con cuánta angustia— ha quedado el tiempo de abrir la caja pequeña y rosada de almendras que casi siempre llegaba a casa en el carriél de papá. Los besos con sus mejillas carrasposas, su pelo liso y negro. Recuerdos de un padre, 18 años después de su muerte.

Por Sandra LópezIlustración Johnny Sánchez

Mi familia esperó unos 18 años para recibir la reparación por la muerte de papá. Pero reparación no es justicia, naturalmente.

La Ley 975 de 2005 propuso la creación del Fondo para la Reparación de las Víctimas en Colombia, para aliviar un poco las consecuencias de una guerra que ya tiene tantos años, sin que hasta ahora haya promesas de un futuro, sino mejor, por lo menos más tranquilo.

Luego vino la Ley 1448 de 2011, que pretende brindar medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, considerando como víctima a cualquier persona que haya sufrido un daño como consecuencia de la violación de los derechos humanos.

Pero reparación no es justicia. 

Una vez, en clase de Economía I, en la Universidad Nacional, un estudiante le reclamó al profesor “su injusticia” por la calificación; o tal vez fue porque no amplió el plazo para la entrega de algún texto o porque no concedió una nueva fecha para presentar un parcial. El caso es que el profesor —muy querido por mi amiga Luisa (¿qué habrá sido de ella?, tan bella, tan triste con su vida, tan sola) —le respondió que a él le correspondía ocuparse de asuntos legales, que de la justicia se ocupa Dios.

Durante varios días me quedé pensando en ese tema y hasta lo discutí con algún amigo. Pero, luego de muchos años, el asunto volvió nuevamente a mi memoria.

Reparación no es justicia.

Cuando me llamaron de Acción Social  para entregarme la orden de pago correspondiente a la reparación económica por la muerte de papá, me dieron, además, una carta firmada por Paula Gaviria, la directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La carta decía que el Estado colombiano lamentaba profundamente los hechos por los que tuve que pasar. Fue hace más de 18 años. La misma carta la recibieron más de 60 mil personas que al 2012 habían sido indemnizadas.

Como requisito de entrega del cheque, la Unidad de Víctimas quería saber a qué destinaría el dinero que recibiría. Me preguntaban, a través de una encuesta, si tenía algún interés en acceder a oportunidades educativas que, en ningún caso, estuvieran orientadas a la profesionalización. Me hablaban de convenios que aún no estaban vigentes. Les interesaba conocer si estaría dispuesta a participar de actividades con otras víctimas -socializaciones, jornadas de memoria colectiva-, si sentía que luego del hecho violento había quedado con alguna afectación de orden sicológico o físico. Me preguntaban por mi calidad de vida luego del “hecho” que era objeto de reparación. Que si como reclamante me había cambiado la vida o si, por el contrario, todo había seguido tan bien o tan mal como antes.

Fueron, en mi caso, 50 minutos para decir que ni el Estado ni la sociedad ni nadie podía reparar una situación de violencia como la que viví hace 18 años. Que no es cierto, o no siempre, o nunca del todo, que uno vuelva a tener la vida que perdió.


Afuera de esa oficina, la gente sueña con ese dinero y con presentar nuevas reclamaciones. Nada menos hace un par de días, hablé con una compañera de la oficina de lo que significaba moralmente esa reparación; pero supe enseguida que algunos asuntos morales han ido cayendo en desuso. A su hija, de 16 años, le interesaba la reparación económica solo para comprarse un carro. Y estaba muy animada, me dijo mi compañera, con la eventual suma que podría recibir porque con ese dinero podría resolver varios asuntos monetarios.

Mi familia y yo muchas veces nos sentimos víctimas. Luego quisimos que la herida cicatrizara y dejamos de tocarla. Ya casi nunca lloramos por esa causa.


A veces, por la estigmatización social de esta pobre ciudad que es Medellín, de este país terrible, llegamos a creer que no teníamos derecho a nada. Y que, además, la culpa era nuestra. Sucede con el hombre que va por la calle y lo asesinan por robarle el celular. Dirá la gente que la culpa fue de él, por llevar un aparato costoso y,  peor aún, que no hay que andar hablando por teléfono en la calle. O de las familias masacradas en cualquier pueblo dirán que se lo merecían por guerrilleras. Es la lógica que impera en este país.


Con la solicitud de reparación vino el proceso de verificación. Pero reparación no es justicia. Hay montos establecidos que se reparten entre el grupo de reclamantes.


El caso es que, pensando bien el tema, ese dinero fue el último recuerdo de la vida de papá. Qué lejos, —y qué olvidado ahora, con cuánta angustia— ha quedado el tiempo de abrir la caja pequeña y rosada de almendras, que casi siempre llegaba a casa en el carriél de papá. Los besos con sus mejillas carrasposas, su pelo liso y negro.


Qué distante están ahora esos 9 años de tenerlo, y uno con tan poco en el recuerdo, solo cosas menudas.

El proceso de reparación de mi familia ha terminado. Pero reparación no es justicia.

Justo, creo yo —que no tengo más que una experiencia— sería no tener que sufrir el vacío innombrable que deja la ausencia de un ser querido. Y si eso no fuera posible, justo sería, por lo menos, no cargar con los miedos de abandono que vienen después de hechos tan siniestros. Pero uno no sabe mucho de justicia. A uno, como lo supe hace ya varios años, le corresponde saber algo, poco o mucho, de asuntos legales, aunque estos no alivien y, en cambio sí, revuelvan las heridas.