Antonio María Vargas Madrid, víctima de la guerra por la coca.

Por Rafael Alonso Mayo

A Antonio María Vargas Madrid lo mataron porque firmó el acuerdo de sustitución colectiva de hoja de coca en el sur de Córdoba. Nadie en San José de Uré, el pueblo donde vivía, se atreve a afirmarlo públicamente pero todos lo saben. No lo dicen porque temen correr su misma suerte y la de Plinio Pulgarín, quien también había suscrito el acuerdo y fue asesinado dos semanas antes en un paraje cercano. No lo dicen porque saben que toda esta región está a merced de las bandas criminales y que allí no se mueve un dedo sin su consentimiento. 

Bueno, allí el silencio también manda. 

La muerte de Antonio ocurrió la noche del miércoles 31 de enero de 2018 en la vereda Nueva Ilusión de San José de Uré, un pequeño pueblo del sur de Córdoba (en el norte de Colombia) y epicentro del conflicto armado que ha padecido esa región y el país en las últimas décadas. Fue sacado de su casa por hombres armados a las 8 de la noche y ultimado a tiros en la vía pública, al frente de sus vecinos y de algunos de sus familiares. 

Antonio era el tesorero de la Junta de Acción Comunal, una organización de base social que agrupa a las familias de la comunidad —existen en todo el país en las áreas rurales y urbanas— para mejorar sus condiciones de vida, esto es: reparar las carreteras, tener mejor acceso a servicios de salud, servicios públicos, educación… Él, así como 7 mil familias de la región, había firmado el acta de sustitución de cultivos de coca, proyecto que hace parte del proceso de implementación acordado entre el Gobierno y las Farc tras la firma del proceso de paz, la cual busca arrasar del suelo y del corazón de los campesinos esa planta que ha servido de combustible para perpetuar la guerra. 

12 días atrás, el 18 de enero, había sido asesinado en ese mismo municipio Plinio Pulgarín, quien ejercía como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Pedrito y también había firmado el acuerdo con el Gobierno. En lo que va del 2018 en este municipio han sido asesinados cuatro líderes sociales, según ha denunciado la Defensoría del Pueblo, el órgano de control que vela por la protección de los derechos humanos en el país. Este mismo organismo ha informado que entre el 18 de enero y el 9 de marzo han sido desplazadas en esa región 732 familias —unas 2.192 personas— lo que ha hecho evidente “la magnitud de la emergencia humanitaria” que padece la población. 

“La causa han sido los combates entre Grupos Armados Ilegales posdesmovilización de las AUC”, dijo la Defensoría en un comunicado a mediados de marzo. Con ello hace referencia a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y al Frente Virgilio Peralta de las Autodefensas Campesinas, dos organizaciones criminales que buscan tener el control absoluto de este territorio para apoderarse de las rentas dejadas por el cultivo y el comercio de la droga. 

Y es que, pese a los esfuerzos que ha realizado el Gobierno Nacional para erradicar los cultivos de coca y para que más familias se inserten a la legalidad con cultivos como el cacao o el caucho, lo cierto es que las cifras han aumentado en los últimos años, cuando pasaron de 96 mil hectáreas, en 2015, a 146 mil en 2016, según Naciones Unidas.  

Esto es lo que, a juicio de defensores de derechos humanos, ha disparado la violencia en varias regiones del país. “Podemos decir con plena autoridad que el negocio de la coca, al menos en el Sur de Córdoba, ha crecido y tiene un poder mucho más grande, más devastador que cuando estaban las Farc”, dice Andrés Chica, director de la Fundación Cordobexia. Esta amalgama de grupos, enfatiza Chica, “está llevando a los campesinos a ser las víctimas directas porque se han puesto a la tarea de decirle sí a la implementación”. 

A inicios de este año el Gobierno central reconoció su preocupación por el aumento de los asesinatos de líderes sociales en el país. Eso, luego del paso en falso que dio el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, cuando en diciembre de 2017 aseguró que la muerte violenta de estos líderes se debía principalmente a “líos de faldas”. 

Al respecto el vicepresidente Óscar Naranjo enfatizó en que habrá una mayor coordinación institucional para proteger a estas personas y, junto con la Fiscalía, buscarán esclarecer las muertes que se han producido hasta ahora para que ningún caso quede en la impunidad. Sin embargo desde el día de su declaración, producida el 1 de febrero de 2018 y hasta el 25 de marzo, habían sido asesinados ocho líderes más con historias muy similares a la de Antonio.