¿De dónde vienen las balas y qué intereses hay de por medio para acabar con la vida de representantes de pequeñas organizaciones rurales, muchas de ellas ubicadas en las antiguas zonas de influencia de las FARC?

Por Rafael Alonso Mayo /Foto: Marcha Patriótica

A José Yimer Cartagena Úsuga lo mataron entre la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11 de enero de este año. Su cuerpo, agujereado por más de 30 puñaladas y con visibles signos de tortura, fue encontrado por miembros de la Policía Nacional de Colombia la mañana del miércoles 11, en un paraje cercano al hospital del municipio de Carepa, en la región de Urabá. 

José Yimer, con 30 años de edad, era el vicepresidente de la Asociación Campesina del Alto Sinú (Asodecas) e integraba el movimiento político Marcha Patriótica, en el departamento de Córdoba. En sus últimos meses de vida, José andaba motivando a los campesinos de la zona a dejar los cultivos ilícitos y a integrarse a los programas de sustitución que ha venido promoviendo el Gobierno nacional en distintas zonas del país. Pero también, dicen sus compañeros de Asodecas, se encontraba haciendo pedagogía del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC, tras 52 años de guerra.

“José Yimer era una persona muy entregada al trabajo social, muy atento al cambio del país y de su comunidad. Su muerte fue, para nosotros como asociación, un golpe muy duro”, dice su compañero Luis Carlos Suárez, coordinador de Asodecas.

José viajaba desde un sector conocido como El Cerro hasta el casco urbano de Carepa, cuando fue abordado por un grupo de hombres armados que lo obligaron a subirse a una camioneta blanca de alto cilindraje. Los mismos hombres le advirtieron a la comunidad no mencionar ni una sola palabra de lo que habían visto. 

Un día después sus familiares debieron ir hasta la morgue del pueblo a reconocer el cadáver.

¿Quién lo asesinó y por qué? ¿Quién está matando a los líderes sociales en Colombia tras la firma del acuerdo de paz? ¿Es este un fenómeno sistemático o una simple coincidencia en un país agobiado por múltiples conflictos y acostumbrado a ver caer, asesinados, a defensores de derechos humanos, profesores, alcaldes, ministros, e incluso a candidatos presidenciales?

Estas preguntas se las han venido haciendo en los últimos meses defensores de derechos humanos, analistas, periodistas e investigadores, a raíz de la muerte de José Yimer y de 41 líderes más que, según el medio independiente Generación Paz, han sido asesinados entre el 2 de diciembre de 2016 y el 1 de julio del presente año. 

¿De dónde vienen las balas y qué intereses hay de por medio para acabar con la vida de representantes de pequeñas organizaciones rurales, muchas de ellas ubicadas en las antiguas zonas de influencia de las FARC, que luego de entregar sus armas se preparan para reintegrarse a la vida civil? 

Son muchas preguntas sobre un asunto complejo para un país como Colombia, donde las balas pueden llegar desde la extrema izquierda o desde la extrema derecha. En un país que aunque transita hacia el posconflicto con la entrega reciente de más de 7 mil armas a las Naciones Unidas por parte de los miembros de las FARC y la desmovilización de igual número de hombres de ese grupo, aún combate en selvas y montañas al Ejército de Liberación Nacional (ELN) —con cerca de 2.500 hombres, según estimaciones oficiales — y a varias disidencias de antiguos grupos paramilitares, desmovilizados hace una década por el Gobierno de Álvaro Uribe, y que ahora se conocen con los nombres de “El Clan del Golfo” y “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”. 

Son muchas preguntas que parecen no tener una respuesta única, y que investigadores y analistas intentan comprender en un momento coyuntural para la historia de Colombia.

Reacomodo de actores

“No hay un actor único”, es la primera respuesta que ofrece el investigador social Max Yuri Gil, quien lleva varios años descifrando las imbricadas redes del conflicto armado en Colombia. Podría decirse, explica el investigador, que se debe fundamentalmente a disputas de tipo territorial asociadas a la llegada de nuevos grupos ilegales a los territorios abandonados por las FARC. Se trata de grupos paramilitares o “grupos posdesmovilización”, como prefiere llamarlos la ONU, quienes estarían disputándose estos territorios, caracterizados por economías ilegales donde predominan los cultivos de coca, la minería ilegal o la tala de bosques. 

“Eso ha generado una gran disputa por los recursos y cuando las FARC abandonan estos territorios empieza a producirse un reacomodo, un reordenamiento que ha costado la vida de una parte de estos líderes”, explica el académico. 

Sin embargo, el Gobierno de Colombia ha defendido la postura de que en el país no existen grupos paramilitares sino bandas criminales que actúan sin mayor articulación. “En Colombia no hay paramilitarismo. Decir que en el país hay paramilitarismo significaría otorgar un reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común organizada”, dijo en enero pasado el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. 

Las declaraciones de Villegas han sido rebatidas por instituciones como el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), que en un informe publicado en el mes de mayo, que lleva por título “El paramilitarismo en Colombia sí existe”, atribuye a grupos paramilitares 550 hechos de victimización en 2016, entre los que se encuentran asesinatos, desapariciones y torturas. Esta cifra, destaca el informe, “demuestra que continúa la “guerra sucia” contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y líderes políticos de izquierda”. 

El Ministerio de Defensa insiste en que aquí no hay paramilitares pero se comportan como tal, apunta al respecto Max Yuri Gil. “Lo que pasa es que la particularidad del paramilitarismo colombiano es que desde hace muchos años está muy permeado por el narcotráfico y eso ofrece una especie de turbulencia”, agrega.

Otros factores

Para el periodista Juan Diego Restrepo, las balas que están asesinando a líderes sociales y a defensores de derechos humanos en Colombia vienen de diversos sectores. Entre ellos destaca la existencia de grupos de narcotraficantes con intereses en algunas regiones estratégicas. Pero también están los dueños de amplias extensiones de tierras que han sido afectados por los procesos recientes de restitución de tierras. Restrepo tampoco descarta el accionar de grupos guerrilleros, como el ELN, y de algunas disidencias de las FARC que prefirieron huirle a los acuerdos antes que apostarle a la vía pacífica. 

El tema del narcotráfico resulta fundamental para entender el conflicto colombiano durante las últimas tres décadas. Sobre todo, si se tiene en cuenta que los grupos ilegales se han alimentado de él para financiar sus acciones. Así lo argumentan los distintos informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, organismo creado bajo la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448), de 2011, con el objetivo de reconstruir la memoria de la guerra en el país. 

Este no es un tema menor, sobre todo cuando se sabe que Colombia encabeza la lista de los países con mayor producción de droga, según el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos. Las últimas cifras sobre el crecimiento de este cultivo en el país, indican que la cantidad de hectáreas sembradas pasó de 160 mil, en 2015, a 188 mil en 2016, lo que representa un crecimiento del 13 por ciento. 

En cuanto al proceso de restitución de tierras, el asunto no es de menos importancia si se entiende que éste ha sido determinante en el conflicto armado interno. En las últimas tres décadas miles de campesinos han debido abandonar sus parcelas y éstas han sido usurpadas por nuevos dueños. Por eso la Ley 1448 busca generar las condiciones propicias para que el Gobierno pueda reparar a las víctimas y devuelva la tierra a quienes por derecho propio son sus poseedores. Esto, lógicamente, no ha caído muy bien en algunos sectores y antes de que la Ley demostrara resultados efectivos, los campesinos recibieron amenazas y empezaron a ser asesinados. Ser “reclamante de tierras” en Colombia también se ha convertido en un factor de persecución y asesinato de campesinos y líderes sociales. 

“Yo creo que dada la complejidad de los territorios, es necesario pensar que no hay un interés común nacional, sino que hay unas agendas territorializadas que impactan a diversos actores que desde la legalidad ven en el asesinato una manera de intimidar y acallar voces tan importantes como las de los líderes sociales”, reflexiona al respecto Juan Diego Restrepo. 

Otro asunto que influye notoriamente es que el acuerdo de paz con las FARC, a juicio del Max Yuri Gil, ofrece un conjunto de transformaciones democráticas que empiezan a llegar a los territorios. “Digamos que hay una especie de reordenamiento de la competencia por los poderes locales, y creo que hay sectores que están tratando de diezmar las bases sociales de las FARC de cara a una competencia electoral futura”. 

¿Asesinatos sistemáticos?

Un tema que ha estado en el debate durante los últimos meses entre el Gobierno y diversos actores sociales y académicos, es si la muerte violenta de líderes sociales puede considerarse sistemática o si por el contrario son simplemente acciones no planificadas de los actores ilegales. 

En marzo pasado, durante la sesión 161 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno advirtió que era prematuro declarar la muerte violenta de líderes sociales como una acción sistemática. Esas afirmaciones se dieron dos meses después de que ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijera que estos asesinatos están más relacionadas con el crimen organizado y que no hay evidencias suficientes para sugerir la existencia de elementos comunes. 

“Hay asesinatos pero no son sistemáticos. Si lo fueran sería el primero en aceptarlo”, apuntó el funcionario. 

Para el investigador Max Yuri Gil no hay ninguna duda de la sistematicidad de estas acciones. Por ello considera que la discusión propuesta por el ministro de Defensa pertenece más al campo retórico y jurídico que al de la realidad. 

Una línea similar planteaba días atrás para el programa Conmemora Radio, Andrés Suárez, investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica. Para este académico el problema radica en que se está convirtiendo un problema político, como es la muerte violenta de líderes sociales, en un asunto jurídico. Al respecto, Suárez argumenta: “Si yo empiezo a buscar que se cumpla desde lo jurídico la condición de un ataque sistemático o generalizado, puedo encontrar las razones para decir que no tengo elementos suficientes. Este planteamiento ayuda a bajarle el perfil al tema y eso favorece el accionar de los actores”.

Suárez propone la necesidad de hacer un análisis desde el punto de vista político, pues sólo así se entiende que un análisis sistemático implica que sea un ataque recurrente, que es lo que ha venido ocurriendo en el país en los últimos años. 

“Desde 2012 hasta la fecha tenemos ataques recurrentes contra líderes en un contexto donde la violencia se ha reducido pero la de los líderes está subiendo. Segundo, un ataque sistemático también se puede leer por patrones que uno encuentra, por ejemplo, a quién se ataca de manera permanente. Y tercero, cuando hablamos de patrones sistemáticos, a veces imaginamos que están orquestados desde el nivel central, y resulta que los planes para que algo sea sistemático también pueden ser regionales”, añade el académico, quien también llama la atención sobre la necesidad de abrir la perspectiva para poder entender y visibilizar las estrategias de los perpetradores de estos crímenes. 

El periodista Juan Diego Restrepo tampoco duda de la sistematicidad existente en la muerte de los líderes sociales. A su juicio, no es correcto decir que estos asesinatos son casos aislados, pues a los líderes los están persiguiendo, intimidando y callando. 

“Que hayan matado 30 ó 35 líderes sociales en lo que va del año tiene que estar diciendo algo al respecto de cómo son miradas y cómo son analizadas las actuaciones de los líderes sociales”, añade. 

Sobre este tema el defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera, señala que la información obtenida por la entidad “revela que estas violaciones a los derechos humanos son generalizadas al tener un número significativo de víctimas, pertenecientes a grupos de características semejantes, y sucedidas en un mismo periodo y espacio geográfico”. 

Al respecto, este organismo denuncia que entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de marzo de este año, han sido asesinados en Colombia 156 líderes sociales y defensores de derechos humanos. 

No es un fenómeno nuevo

La evidencia también advierte que si bien la muerte de líderes sociales ha aumentado en los últimos años, sobre todo desde 2012 cuando arrancaron las negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC, atentar contra líderes de la sociedad civil siempre ha sido parte de la estrategia de los actores armados ilegales. 

Por ejemplo, sólo entre los años 2005 y 2015 el Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, contabilizó el asesinato de 500 líderes rurales. El Observatorio, del que hacen parte varias prestigiosas universidades colombianas, advierte que a pesar de las últimas desmovilizaciones de estructuras ilegales, el fenómeno no ha disminuído y por el contrario, tiende a aumentar. También destaca que estas acciones están asociadas a la presencia en los territorios de grupos heredados de las estructuras paramilitares, aunque pone en la lupa que más de la mitad de los asesinatos (58 por ciento) son perpetrados por agentes desconocidos. 

En este escenario también hay que recordar el asesinato de buena parte de los militantes de la Unión Patriótica, el partido político de izquierda que surgió de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia, bajo el mandato del presidente Belisario Betancur, y las FARC, en 1984. El asesinato de dos candidatos a la Presidencia de Colombia, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, de 7 congresistas, 13 diputados, 11 alcaldes, 70 concejales, y de por lo menos 3.000 militantes más, llevó a que 32 años después el Estado reconociera este hecho como un genocidio político. 

“El exterminio y desaparición de la Unión Patriótica Jamás debió haber ocurrido”, reconoció en un discurso público, en septiembre de 2016, el presidente Juan Manuel Santos frente a un grupo de sobrevivientes de ese partido. Además, admitió, que “el Estado no tomó medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos, los atentados y las demás violaciones, a pesar de la evidencia palmaria de que esa persecución estaba en marcha”. 

Comparando el genocidio de este partido político con la situación actual de los líderes, el investigador Andrés Suárez enfatiza en que los militantes de la UP salieron a la escena pública a reivindicar las banderas de su partido, pese a que no contaban con las garantías necesarias. Mientras que en la actualidad, aunque los niveles de violencia son menores, hay un elemento agravante: el perfil de los líderes sociales. 

“En este caso estamos hablando de un perfil de líderes que no han manifestado necesariamente apuestas de participación política. Se está diciendo, entonces, que ahora no se necesita participar en una contienda electoral para ser potencial víctima: no te organices, ni te quiero ver en reuniones en las cuales va a implementarse o se va a materializar el acuerdo de paz…” 

Sobre este tema el investigador Max Yuri Gil reconoce que aunque el ataque directo a estos líderes es histórico y que la conducta de asesinar a defensores de derechos humanos, líderes sindicales y sociales, campesinos, ha sido habitual en el país, en la actualidad la muerte violenta de ellos ha aumentado y ello está relacionado directamente con el final del proceso de paz.

Sin duda, dice, “es evidente que hay un incremento de las acciones ligado al fin del proceso de negociación y a la fase de implementación y transformación de las FARC en partido político”, reconoce. 

El periodista Juan Diego Restrepo también considera que estas acciones suelen incrementarse durante los procesos de paz, tal y como se está evidenciando en la actualidad. Pero también cree que los analistas y periodistas deben evitar “descubrir el mundo en el último minuto” sin dejar de analizar los elementos históricos. 

“Quienes dicen que esto es nuevo no tienen el contexto, no ligan el pasado con el presente, no tienen esa posibilidad de relacionar hechos, territorios, agendas y eso va invisibilizando situaciones que hablan de la sistematicidad”, puntualiza.

Con este panorama a la vista, ¿qué ocurrirá ahora que buena parte del país celebra uno de los acuerdos más importantes que se haya tenido en la historia reciente con un grupo guerrillero? 

Sin duda, este es un asunto que preocupa a muchos sectores de la sociedad. Si esto sigue ocurriendo sin que el Estado haga nada por prevenirlo, se pregunta Juan Diego Restrepo, “¿entonces quién en los territorios se va a poner la camiseta de la defensa del proceso de paz? ¿Quién en los territorios va a participar de la implementación, quién lo va a liderar?”.

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